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Corrupción, un pesado lastre para América Latina

.,El Encantador Bello On 11:10


Más de 140.000 millones de dólares le cuesta anualmente este problema a la región.

En los últimos ocho meses, América Latina ha visto a un presidente obligado renunciar, a una jefa de Estado separada de sus funciones mientras se la investiga y a una exmandataria cada vez más cerca de un proceso judicial. Y en los tres casos hay un denominador común: escándalos de corrupción.

Del Río Grande a Tierra del Fuego, cada vez es más frecuente ver multitudinarias manifestaciones contra el saqueo de los recursos públicos y contra sus presuntos responsables. La gente de la región parece haber perdido la paciencia con un problema que, según la consultora estadounidense Global Financial Integrity, nos cuesta 142.920 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3 por ciento de todo el producto bruto de la región.
Corrupción siempre ha habido, pero los escándalos de los últimos tiempos han reforzado la percepción de que el problema está desbordado. Y mediciones como el Índice de Percepción de Corrupción, que realiza la ONG Transparencia Internacional con base en miles de encuestas, así parecen confirmarlo.
Solo dos regiones del mundo son percibidas como más corruptas que América Latina: el África subsahariana y la zona que va desde el este de Europa hasta el Asia central.
Transparencia Internacional utiliza una escala de 0 a 100, y mientras más cerca de 0 se encuentre un país o región, mayor es su nivel de percepción de corrupción. Latinoamérica tiene un índice promedio de 38, y cuando un país o región registra menos de 50, la ONG considera la situación “grave”. Pero hay más: la distancia actual con el África subsahariana y la región que abarca el este de Europa y Asia central es de apenas de 5 puntos.
Justo esta semana, delegaciones de 40 países y organizaciones se reunieron en Londres para encontrar mecanismos de lucha efectivos contra uno de los mayores lastres para el desarrollo.
Esta Cumbre Mundial contra la Corrupción, a la que asistió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, concluyó con múltiples compromisos en torno a redoblar los esfuerzos para combatirla, “desenmascararla ahí donde se encuentre, perseguir y castigar a los que la cometen, la facilitan o son cómplices de ella”. Pero la realidad es que aún les faltan muchos dientes a estos nobles propósitos, empezando por una cruzada realmente decidida para poner fin a los paraísos fiscales y sanciones duras contra las prácticas clientelistas.
Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia (el capítulo nacional de TI), define la corrupción como “el abuso de poder político, económico o social para beneficio particular y en detrimento del bien general” y considera que en la región las maneras más comunes en las que se manifiesta tienen que ver con la prestación de servicios básicos como la salud, la educación y la alimentación. “¿Por qué? Porque está relacionado con unas prácticas del ejercicio de la política –asegura Ungar–, prácticas clientelares, donde la prestación de esos servicios pasa por unos esquemas de contratación sometidos a pago de favores, a redes de políticos locales que cooptan las instituciones y se quedan con buena parte de los recursos”.
Todo esto sin olvidar el enorme poder corruptor de problemas como el narcotráfico.
En el mapa latinoamericano, Uruguay (74) y Chile (70) se destacan como los países más limpios de la región, mientras que Venezuela (17) y Paraguay (27) están en la cola. Colombia se ubica en la mitad de la tabla regional, con un índice de 37. Estados Unidos y Canadá tienen, juntos, una media de 79,5.
Una corrupción baja, afirma Ungar, evidencia que hay un sistema judicial efectivo y que funciona sin miramientos, sin considerar quién es el infractor, lo que se traduce en una menor impunidad frente a la corrupción.
De acuerdo con este análisis, el problema es un síntoma de debilidad en las instituciones y de fallas estructurales. Jeffrey Sachs, profesor de Desarrollo Sostenible y de Política y Gestión de la Salud de la Universidad de Columbia (EE.UU.), considera que “la capacidad de quienes ejercen un gran poder público y privado para violar la ley y las normas éticas a fin de lucrarse es una de las más flagrantes manifestaciones de desigualdad” en una sociedad.
En América Latina, la noción de corrupción suele asociarse a la administración pública, a políticos y gobernantes, pero Ungar advierte que “en todos los grandes escándalos siempre hay uno o varios entes privados, en un matrimonio perverso con la política: están los temas de financiación de campañas, compra de congresistas para que aprueben determinados proyectos o compra de funcionarios públicos para que desvíen las licitaciones, etcétera”. De hecho, en una reciente columna, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, opinó que “es hora de que el sector privado, que con demasiada frecuencia ha tolerado la corrupción como un costo inevitable de los negocios, también se oponga a ella”.
Pero en la epidemia de escándalos de corrupción que hoy sufre la región hay un aspecto que analistas como el excanciller mexicano Jorge Castañeda consideran muy positivo: la protesta ciudadana. Esto es prueba, en su opinión, de que algo está cambiando en nuestras sociedades, las cuales hoy “se rehúsan a ser cómplices de la corrupción o a resignarse a su inevitabilidad”.
Militares de Chile ‘se rumbearon’ más de US$ 10 millones
El escándalo de corrupción que involucra al Ejército de Chile, bautizado como el ‘Milicogate’, ha sido tan grande que llevó a implementar una auditoría externa a esa institución castrense, algo que no había ocurrido en más de 200 años de vida republicana.
Para entender el fraude hay que remitirse a 1958. En ese entonces, el gobierno del militar Carlos Ibáñez del Campo promulgó la Ley Reservada del Cobre, que ordenaba destinar el 15 por ciento de las ganancias de la explotación del metal a la financiación de las Fuerzas Armadas. La cifra se redujo a 10 por ciento durante el régimen del general Augusto Pinochet.
Desde su creación, esta ley ha sido fuertemente criticada porque los gastos efectuados por los militares no son supervisados por la Contraloría General de la República ni por el Congreso.
En agosto del año pasado, el semanario chileno ‘The Clinic’ reveló una serie de desfalcos del Fondo Reservado del Cobre, efectuados entre el 2010 y el 2014, que involucran a varios oficiales de alto rango y suboficiales. En siete entregas, el periodista Mauricio Weibel publicó audios y documentos que recogió durante dos años y que evidencian la conformación de una red de facturación falsa en el Ejército, para soportar compras inexistentes de vehículos, insumos y material bélico.
Tras las investigaciones de la justicia militar y de la ordinaria, los cálculos más conservadores indican que la desviación de fondos sobrepasó los 10 millones de dólares.
Las mismas indagaciones permitieron establecer que varios uniformados gastaron fuertes sumas de dinero, producto del desfalco, en viajes, fiestas, casinos, caballos y otras propiedades. Así mismo, se registraron incrementos sustanciales e injustificados del patrimonio de varios militares, entre ellos el comandante en jefe del Ejército de esa época, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, que fue citado por la Fiscalía para que declare.
Los hechos que se investigan ocurrieron entre el gobierno de Sebastián Piñera y la segunda administración de Michelle Bachelet, aún en curso.
Ya hay varios militares y civiles detenidos, pero todavía no hay condenas.
El Presidente de Guatemala terminó preso
Esposado y acusado de corrupción, el exmilitar Otto Pérez Molina tuvo que dejar la presidencia de Guatemala en septiembre del 2015. El Congreso de su país aprobó, con 130 de 158 votos posibles, que se le llevara a juicio después de ser acusado de manejar una red corrupta en la aduanas de Guatemala, denominada La Línea, en la que están implicados más de 200 particulares y funcionarios, incluida su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Pero mucho antes de que el Congreso aprobara el juicio, el pueblo guatemalteco ya había decidido hacer un cambio. Desde abril del 2015, y luego de que se ordenaran las primeras capturas, estudiantes, trabajadores y amas de casa se volcaron a las plazas públicas a exigir la renuncia de Pérez y la renovación de una estructura corrupta. El pueblo, que mantuvo silencio durante las dictaduras militares y el genocidio de los 80, se indignó. Lo que comenzó como una convocatoria aislada en redes sociales se convirtió en un clamor de más de 15.000 personas que cada 8 días pedían ‘justicia hasta las últimas consecuencias’. Sin embargo, el motor de ese movimiento pacífico civil fue foráneo: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano dependiente de la ONU y patrocinado por Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. En cabeza del exmagistrado e investigador colombiano Iván Velásquez Gómez, y en llave con la Fiscalía de Guatemala, la Cicig destapó el escándalo que puso tras las rejas al presidente Pérez. Esa alianza está dejando en evidencia la corrupción del sector privado y hasta de las multinacionales que pagaban sobornos en dólares para que Otto Pérez les entregara el manejo de los puertos del país. Las protestas de los guatemaltecos, que se reprodujeron en varias ciudades, se convirtieron en un blindaje para los fiscales que adelantan la purga y para la Cicig, cuya labor fue extendida por el nuevo gobierno. De hecho, la ONU intenta exportar ese modelo de justicia hacia otras naciones envenenadas por la corrupción en donde la situación es tan insostenible como en Guatemala. En la región centroamericana podría avecinarse un nuevo escándalo, pero esta vez en Nicaragua, donde la familia presidencial es señalada de tener negocios particulares a costa del erario público y con la complicidad de varias instituciones.
En Colombia se esfumaron 2 billones de pesos
En lujosos restaurantes y hoteles de Bogotá y Miami (EE. UU.) se fraguó el saqueo de más de 2 billones de pesos de las arcas de Bogotá, que involucró a políticos de los órdenes nacional y local –el senador Iván Moreno y su hermano, el exalcalde Samuel Moreno, y el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz– y a empresarios que en su momento llegaron a ser considerados los nuevos cacaos de la economía del país, como los primos Nule.
El escándalo por el ‘carrusel’ de la contratación estalló en el 2010, y la investigación dejó en evidencia cómo políticos y contratistas concertaron para sacarles tajada a los contratos de las grandes obras en Bogotá, como la construcción de la tercera fase del sistema TransMilenio.
Además de ese contrato, el ‘carrusel’ afectó obras vitales para el desarrollo de la capital de la República como el proyecto del metro para la capital, la construcción de la calle 153, la recuperación de la malla vial de la ciudad y el contrato para el servicio de ambulancias, entre otras, y el de otras regiones del país, como la doble calzada que conecta a Bogotá con Girardot (Cundinamarca).
A la investigación de la Fiscalía han sido vinculadas 110 personas, y ya han sido condenas 29 (11 funcionarios y 18 contratistas), mientras que otros 40 se encuentran en etapa de proceso.
Al exsenador Iván Moreno la Corte Suprema lo condenó a 14 años de prisión, y a Samuel Moreno un juez lo acaba de sentenciar a 18 años de cárcel.
Miguel, Manuel y Guido Nule han recibido varias condenas, entre ellas una de 14 años de cárcel.
También han sido condenados el excongresista Germán Olano, los exconcejales Hipólito Moreno, José Juan Rodríguez, Orlando Parada y Andrés Camacho, los contratistas Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez, y los exfuncionarios Miguel Ángel Moralerussi, Liliana Pardo y Héctor Zambrano.
Sin embargo, a pesar de la larga lista de vinculados al caso, las autoridades aún no han logrado recuperar los 2 billones de pesos del saqueo.
En Brasil, prácticamente todos los funcionarios son sospechosos
Una de las mayores historias de corrupción del continente tiene lugar en Brasil, donde hace tiempo se acuñó una expresión que resume su tolerancia a los saqueos de la clase política: rouba mas faz (roba, pero hace).
Con la Presidenta de la República apartada de su cargo debido a la apertura de un juicio político en su contra –decisión tomada por un Parlamento en el que más de la mitad de los legisladores tienen o tuvieron cuentas pendientes con la justicia–, este país aún enfrenta los coletazos del Lava Jato. Esta operación policial reveló que enormes sumas de dinero fueron transferidas, directamente o mediante grandes constructoras, por la petrolera estatal Petrobras al Partido de los Trabajadores (PT), en el poder durante los últimos 13 años.
Paradójicamente, Dilma Rousseff no fue suspendida por el caso Petrobras –empresa que ella dirigió–, considerado el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña. Sus opositores la enjuiciaron por recurrir a trucos contables para hacer ver que, en medio del derrumbe de los precios del crudo y otras materias primas, su gobierno había alcanzado las metas económicas sin recortar los subsidios que han caracterizado las administraciones del PT. Esta artimaña fiscal, llevada a cabo por varios de sus antecesores, le permitió ser reelegida en el 2014.
Con la asunción del vicepresidente Michel Temer, los agitados mercados brasileños seguramente se tranquilizarán y la inversión extranjera comenzará a volver. Pero la lucha contra la corrupción está a medias. Aunque la justicia no ha presentado cargos contra él, el propio Temer fue salpicado por el Lava Jato (habría nombrado a dos directivos de la petrolera condenados por el fraude) y está acusado de irregularidades en el manejo financiero de la campaña de reelección de Rousseff, lo que puede inhabilitarlo para presentarse a las elecciones del 2018.
Como señala Richard N. Haass, exdirector de planificación de políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Brasil “la corrupción es endémica y ha manchado a prácticamente todos los funcionarios públicos”.
Un solo contratista se compró trece ‘Buenos Aires’ en Argentina
Esta semana, un fiscal argentino abrió una investigación contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de cohecho, en relación con supuestas irregularidades cometidas por una inmobiliaria de su familia. Por este mismo caso, la exmandataria ya fue imputada, junto con su hijo, Máximo Kirchner, por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. En el expediente, que hace parte de una seguidilla de escándalos de corrupción en el gobierno anterior, aparece Lázaro Báez, el máximo adjudicatario de obra pública en el sur del país durante el periodo kirchnerista (2003-2015). El empresario, que está detenido por los delitos de lavado de activos y evasión fiscal, es investigado como presunto testaferro del expresidente Néstor Kirchner (fallecido en el 2010) y de su esposa, Cristina, a quienes habría facilitado el giro de unos 55 millones de euros al exterior, especialmente a cuentas en Suiza, mediante maniobras fraudulentas. Este caso fue destapado en el 2013 por una investigación periodística y hace parte del escándalo de la denominada ‘Ruta del dinero K’.
Gracias a los contratos estatales entregados a dedo, Báez logró amasar una fortuna que la justicia argentina no ha podido calcular, pero que le permitió hacerse, entre otras propiedades, con tierras en la provincia de Santacruz que equivalen a 13 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El principal denunciante del caso, Horacio Quiroga, exdirector de dos empresas petroleras de propiedad de Báez, fue hallado muerto el martes en su residencia bonaerense, en circunstancias aún no esclarecidas.