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11 millones de migrantes están en manos de la Corte Suprema de EE. UU.

.,El Encantador Bello On 12:24



Demanda interpuesta por 26 estados contra las acciones de Obama siguió teniendo eco en la justicia.

La Corte Suprema de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre las medidas migratorias emitidas por el presidente Barack Obama, después de que una corte de apelaciones falló en contra de unas órdenes ejecutivas que evitarían la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció que llevará el caso al alto tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que este lunes decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (...), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EE. UU. y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz de esa cartera, Patrick Rodenbush.
“El Departamento no está de acuerdo con el fallo adverso del Quinto Circuito y tiene la intención de buscar una revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos”, añadió Rodenbush. De este modo, las acciones ejecutivas emitidas por el mandatario quedan en manos del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, que primero deberá decidir si escucha el caso y, luego, en caso de aceptar, someterlo a escrutinio.
El efecto inmediato de la decisión de la Corte de Apelaciones es la continuidad del bloqueo de las medidas, lo que impide que millones de familias en todo el país puedan solicitar ser excluidas de las listas de deportación de las autoridades migratorias.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró este martes en su rueda de prensa diaria que el Gobierno estadounidense “continúa creyendo firmemente en el poder legal de los argumentos” presentados a favor de las medidas, y manifestó su optimismo sobre un posible fallo del Supremo.
La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el alto tribunal era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del Presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales del 2016. La conocida Acción Diferida (Daca) ha protegido de la deportación desde el 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños; y Dapa, anunciada por Obama a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las disposiciones ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el Presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
En el otro lado de la batalla, una coalición de otros 15 estados más el Distrito de Columbia (donde está la capital, Washington) han decidido unirse para defender las acciones, algo que continuarán haciendo ante el Supremo, según advirtió este martes en una conferencia telefónica Kamala Harris, la fiscal general de California, uno de los estados con más flujo migratorio del país y que cuenta con un gobernador demócrata.
Harris, quien dijo que uno de cada tres posibles beneficiarios de las acciones ejecutivas reside en su estado, subrayó el “indiscutible” impacto positivo de las medidas en la economía californiana y estadounidense y las consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes que continúan “viviendo en las sombras”.
Tras el esperado fallo del tribunal de apelaciones, cuyo resultado “no ha sido una sorpresa” para activistas y defensores de los inmigrantes, la aspirante demócrata a la presidencia y favorita en los sondeos Hillary Clinton también manifestó su rechazo al bloqueo de las acciones ejecutivas.
“La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de mantener la suspensión sobre las acciones ejecutivas de inmigración se basó completamente en la política y no en la ley”, aseveró la exsecretaria de Estado.